La ciudad alquilada, la València precaria

La ciudad alquilada, la València precaria

Resulta patente que la crisis de la COVID-19 ha puesto en riesgo el derecho a la vivienda de amplias capas poblacionales de la sociedad valenciana (y global). Aunque desde los entes públicos se han puesto en marcha diversos mecanismos para contener los efectos de esta nueva emergencia habitacional (diferentes ayudas, prórroga obligatoria de contratos de alquiler, suspensiones temporales de los desahucios en ciertas circunstancias, etc.), no es cierto que en este periodo no se esté expulsando a nadie de su casa. Según datos del CGPJ, en el 3er trimestre de 2020, en la Comunidad Valenciana se practicaron 1.137 lanzamientos de vivienda, un número solo ligeramente inferior a los 1.348 de ese mismo trimestre en 2019. Dado que muchas de las medidas antes señaladas tienen un carácter temporal, se prevé que muchos desahucios, que en estos momentos se encuentran paralizados, tengan lugar en cuanto vayan finalizando sus plazos de suspensión. Podremos encontrarnos, entonces, ante una ola de desahucios de muy difícil gestión para unas administraciones públicas ya de por sí desbordadas.

Llama la atención que, a diferencia de las medidas tomadas tras la crisis del 2008, que se centraron esencialmente en las y los deudores hipotecarios, las ayudas en materia de vivienda del Gobierno se han centrado ahora, principalmente, en los hogares que viven de alquiler. Esto resulta indicativo de lo precarizado que se encuentra este régimen.

Con unos precios que llevan años encareciéndose (según datos del portal Fotocasa, el precio en alquiler en la ciudad de València se ha encarecido un 44% desde enero de 2015) y en el periodo COVID no han bajado o lo han hecho muy ligeramente en las grandes ciudades (en València, la bajada en el último año estaría entre el 3 y el 5%, según datos de los principales portales portales immobiliarios +info), los costes del alquiler se vuelven cada vez más difíciles de asumir para unos hogares que sí están perdiendo gran cantidad de ingresos.

Y si bien el alquiler hace años era una opción relativamente minoritaria, hoy día el 28% de la población valenciana habita de esta forma, con lo que podemos hacernos una idea de la magnitud de la problemática.

Sin embargo, esta precarización de la situación de alquiler en absoluto deriva solo de la situación COVID. Hace ya años que los desahucios en alquiler superaron a los hipotecarios. En el último lustro, en nuestra ciudad se han producido alrededor de 1000 desahucios de alquiler al año. Un 80% de los desahucios totales. Los datos que recogimos con una encuesta propia (realizada entre enero y febrero de 2020) 1 adiografiaban una situación de alquiler en la ciudad ya muy preocupante antes de la pandemia. Resumimos aquí algunas de las principales conclusiones de este estudio2:

  • Como hemos dicho, aproximadamente el 28% de la población valenciana vive de alquiler. Lo que implica a alrededor de 220.000 personas habitando en este régimen en la ciudad.
  • El alquiler sigue siendo un régimen muy relacionado a la juventud (un 74% tienen menos de 46 años, aunque cada vez hay más personas de mayor edad que residen en alquiler) y de marcado carácter transicional. Gran parte de las personas inquilinas lo ven como un “paso” hacia la propiedad. Pero otras lo experimentan como un escenario poco deseable en el que se encuentran, durante cierto tiempo o quizá toda la vida, al no poder permitirse comprar una vivienda.
  • Precariedad y alquiler suelen ir de la mano. Como claro ejemplo, la media de ingresos por hogar de la muestra era de 1660€ al mes, cuando la media general en València se sitúa en 2621€. Mil euros mensuales de diferencia que no solo se explican por la mayor juventud de la gente que vive en alquiler, ya que, de hecho, los hogares inquilinos de más edad mostraban ingresos inferiores a la media. Obviamente esta media esconde una amplia dispersión. Hay en València sectores de inquilinato de importante capacidad económica, pero la mayoría experimenta algún grado de limitación económica, que en ciertos casos resulta más honesto definir directamente como pobreza.
  • Esta escasez de ingresos se combina con unos precios de alquiler que llevan años incrementándose (55% de los hogares han vivido un encarecimiento de su alquiler en los últimos 5 años). Hoy el inquilinato valenciano paga de media 520€ al mes. Si sumamos la media de 105€ de gasto en suministros, obtenemos unos costes mensuales de 625€. Cifra que resulta demasiado elevada para muchos de estos hogares humildes.
  • Como consecuencia de lo anterior, casi la mitad de las unidades de convivencia encuestadas experimentan algún grado de “sobrecarga” en vivienda, al gastar más del 40% de lo que ingresan en ella. Dentro de este grupo, sería especialmente preocupante la situación del 14% de la muestra, que paga más del 80% de sus ingresos en vivienda. Estos hogares se ven sumidos en una realidad prácticamente insostenible, con apenas margen para otros costes básicos para la vida.
  • Derivado de ello, un 12% se habría retrasado en los pagos, y un 5% de la muestra había incurrido en impagos del alquiler en los últimos 5 años. Extrapolando este 5%, hablaríamos de que unas 11.000 personas en València están en riesgo de pérdida de vivienda al no poder afrontar todos los pagos del alquiler (y recordemos que la encuesta se realiza justo antes del estallido de la crisis COVID).
  • Esta situación implica también importantes gastos para la administración, ya que el 14% de la muestra habría recibido algún tipo de subvención pública que les habría ayudado a cubrir los costes del alquiler (puntualizando una vez más el escenario pre-COVID). Podemos estimar que el inquilinato valenciano estaría recibiendo unos 14 millones de euros al año en ayudas públicas relacionadas con el pago del alquiler (procedentes de diferentes administraciones). Una cantidad que, visto lo visto, no está consiguiendo revertir una situación de precarización generalizada en este régimen.
  • Más allá de los problemas directamente económicos, en los últimos 5 años, un 20% de los hogares encuestados han tenido que abandonar su vivienda al no habérseles renovado el contrato de alquiler.
  • También encontrábamos un parque en alquiler en relativo mal estado, ya que un 25% de la muestra dice haber vivido, en los últimos 5 años, en viviendas alquiladas con desperfectos relevantes o graves.
  • Un 13% de los hogares encuestados habrían tenido, en los últimos 5 años, problemas “de cierta importancia” o “graves” con la persona o entidad propietaria. Esta conflictividad se da en mayor proporción cuando hablamos de particulares con varias viviendas alquiladas (15%), pero sobre todo se concentra en las propiedades de empresas privadas (22%).
  • Un 8% de la muestra no tendría un contrato escrito de alquiler. Esto pasaba mucho más en los pisos más baratos. La ausencia de contrato escrito no implica la no adecuación a la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos. Sin embargo, la ausencia de este contrato podría suponer una mayor vulnerabilidad de las personas inquilinas en algunos sentidos.
  • El acceso a un nuevo alquiler en València se valora como muy difícil (83% consideran que es complicado o muy complicado). La principal razón aludida eran los elevados precios actuales, pero también se hablaba de la falta de oferta adecuada en determinadas zonas y por los elevados requisitos de entrada (cuantiosas fianzas exigidas, problemas para cumplir criterios de las inmobiliarias, falta de avales…).
  • Esta conjunción de factores conlleva que el inquilinato valenciano tenga una visión muy negativa de la situación general del alquiler en València. Así, un 81% de la muestra consideraba que se debían tomar medidas contundentes y de urgencia ante este panorama. Ejemplos de las medidas que se proponían era la regulación/limitación de los precios en alquiler, la facilitación de servicios de asesoría ante los posibles problemas que experimenta el inquilinato, la mejor focalización de las ayudas económicas, la ampliación del parque público en alquiler y el control ante los abusos de propietarios e inmobiliarias.

Con más conocimiento de la situación en la ciudad, vistos los diferentes factores que se entrecruzan para dibujar este panorama de alquiler precarizado, y observando los distintos niveles y perfiles de vulnerabilidad, no sorprende esa contundencia de la mayoría de la muestra al demandar mecanismos que impliquen un cambio real. Mecanismos que vayan más allá de ofrecer soluciones asistenciales y a corto plazo. Desgraciadamente, este tipo de medidas son las que están dominando la respuesta a la crisis habitacional de la COVID-19.

La Barana, como una entidad colectiva de apoyo mutuo para el inquilinato, y desde la cual se ofrecen servicios útiles para los hogares que viven en este régimen, resultaba muy positivamente valorada en la propia encuesta. Aún con sus retos, la mayoría de las personas encuestadas la percibían como una herramienta pragmática y como una plataforma adecuada para reivindicar conjuntamente los derechos e intereses de un inquilinato que ve cómo su derecho a la vivienda está continuamente amenazado.

  1. Esta encuesta se realizó a 371 hogares inquilinos de la ciudad, divididos según cuotas de edad. Las respuestas al cuestionario se obtuvieron principalmente on-line (a través de difusión en redes), pero esto se complementó con trabajo “a pie de calle”.
  2. Se puede acceder al informe completoaquí